Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura con el objetivo de proteger, impulsar y fomentar la calidad de la arquitectura como bien de interés general.
La nueva Ley recoge medidas concretas que promueven el apoyo de los poderes públicos en la difusión nacional e internacional de la arquitectura, el apoyo a las compañías y profesionales del sector, el impulso a la investigación e innovación, la protección del patrimonio construido y el fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana hacia la sostenibilidad.
Se trata de una Ley alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y está enmarcada en un contexto europeo muy propicio, en consonancia con importantes iniciativas recientes, como la Nueva Bauhaus Europea o la Renovation Wave. Una ley que servirá para impulsar la transición económica, energética y ecológica, apoyada por los Fondos Next Generation.
Dentro de las medidas incluidas en la ley, se recoge la creación de dos órganos que contribuirán a potenciar el papel de los poderes públicos a la hora de velar por la calidad de la arquitectura. Así, la Casa de la Arquitectura se constituirá como una herramienta referente en la creación de vínculos entre la sociedad y la arquitectura. Por su parte, el Consejo de Calidad de la Arquitectura servirá para el intercambio de conocimiento, la consulta, participación y asesoramiento con el objeto de la adopción de medidas orientadas a la mejora de la calidad arquitectónica.
Para su elaboración, la futura Ley ha contado con una extensa participación pública teniendo en cuenta, además de la consulta pública previa, una serie de mesas de debate entre los principales sectores afectados, profesionales y Administraciones públicas.
Esta nueva Ley de Calidad de la Arquitectura ha surgido con el objetivo de establecer un marco global perdurable en el tiempo, pero con dinamismo y capacidad de adaptación a futuro. De hecho, entre las medidas incluye la creación de una Estrategia Nacional de Arquitectura, capaz de actuar como herramienta de gobernanza que ayude en su implementación.